CDMX 25 de noviembre del 2020.-La transformación del gobierno que construye la Función Pública incluirá de manera fundamental a los pueblos originarios y afrodescendientes de México, anunció esta tarde la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al firmar un Convenio de Colaboración con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Adelfo Regino Montes.

CDMX 25 de noviembre del 2020.-La transformación del gobierno que construye la Función Pública incluirá de manera fundamental a los pueblos originarios y afrodescendientes de México, anunció esta tarde la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al firmar un Convenio de Colaboración con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Adelfo Regino Montes.

“Por primera vez, en la Función Pública y, sobre todo, en la Administración Pública Federal, se dará un lugar protagónico a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y se garantizará su derecho a participar como ciudadanía, como servidoras y servidores públicos, y como garantes de sus derechos colectivos”, puntualizó la secretaria Sandoval Ballesteros.

El Convenio de Colaboración suscrito con el INPI prevé acciones afirmativas, con un enfoque de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, como construir Contralorías Comunitarias, promover a las y los alertadores indígenas, y adaptar criterios para disminuir la desigualdad que afronta la población indígena y afrodescendiente para ser parte del servicio público.

La secretaria Sandoval Ballesteros refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció como eje fundamental de la Cuarta Transformación el atender a las 68 naciones indígenas de México a las que, pese a la legitimidad y vigencia de sus demandas, durante siglos se les oprimió, relegó y olvidó.

“Mientras otros gobiernos actuaban de manera paternalista y decían que iban a proteger a los pueblos indígenas, pero no respetaban sus derechos; ahora sí se van a reconocer sus lenguas no sólo como oficiales, sino nacionales, para que tengan la misma validez en términos de ley, y por eso la importancia de este convenio”, destacó la secretaria Sandoval Ballesteros.

Destacó como acciones de este gobierno la reforma que a finales de 2018 instituyó el INPI para defender los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como la publicación del decreto, el pasado 27 de octubre, de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, que atenderá en forma integral las necesidades de tierra, territorio, agua y desarrollo de esa comunidad de Sonora.

Tras definir la firma del convenio con el INPI como un paso más para saldar una deuda histórica con ambas poblaciones, aseveró que la Función Pública asume por convicción acciones para terminar con la desigualdad que lastima a millones de indígenas y afromexicanos y, al mismo tiempo, sumarlos a la la lucha contra la corrupción en el país.

En colaboración con el INPI y con pertinencia cultural, la Función Pública desarrollará contralorías comunitarias, con apego a los usos y costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes, que ayuden garantizar la honestidad y la integridad en los programas federales, cuyo presupuesto alcanzará en 2021 cerca de 300 mil millones de pesos.

Del mismo modo, impulsará la figura de alertadores indígenas como aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción bajo las más estrictas medidas de seguridad, ya previstas en el nuevo Protocolo de Protección a Personas Alertadoras de la Corrupción.

Asimismo, incentivará la incorporación y visibilización de funcionarios y funcionarias indígenas en el servicio público. “Hoy los pueblos indígenas encuentran un gobierno que les abre las puertas; y no mediante prácticas paternalistas, sino a través de una verdadera inclusión”, manifestó la secretaria Sandoval Ballesteros.

Por su parte, tras reconocer en el trabajo de la Función Pública la implementación de “dos pilares de este gobierno: el combate a la corrupción y la austeridad republicana”, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, consideró que el convenio firmado sienta un precedente en la atención a los 68 pueblos indígenas del país que integran a 25 millones de personas.

En particular, destacó la importancia de las Contralorías Comunitarias, con las que indicó que ya trabajan algunos programas como el de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, donde el presupuesto se aplica de manera directa por parte de las comunidades y pueblos indígenas, con un claro control y rendición de cuentas.

“Esta idea de las Contralorías Comunitarias Indígenas es innovadora en muchos sentidos y se ha venido poniendo en práctica por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador; desde el año 2018, esta figura se ha venido implementando, particularmente con el programa de Caminos Pavimentados a Cabeceras Municipales Indígenas”, afirmó.

Añadió que, en dicho programa, además de que la obra se ejecute de manera directa por los propios pueblos, comunidades y municipios –con la generación de empleos en beneficio de mujeres y hombres del lugar–, se tiene el postulado de que los recursos públicos sean ejecutados de manera directa por las autoridades indígenas de usos y costumbres.

“Este es un componente muy importante porque si se analizan los programas públicos del gobierno federal, de los estados y municipios, todo estaba prácticamente centralizado, no existían programas que pudieran ser transferidos de manera directa a los pueblos y las comunidades y que pudieran ser ejercidos por sus autoridades», concluyó.