CDMX a 13 de Febrero de 2019.- El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incorporar el tipo penal de financiamiento al terrorismo al Catálogo de Ilícitos y sancionar a las personas por su intervención en la comisión de delitos.

“El crimen organizado emplea instrumentos letales como los explosivos, amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra del gobierno para que éste asuma tal o cual determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos”.

En la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República indica que los actos señalados pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente.

Como parte de la iniciativa propone reformar el inciso A, Fracción I del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para incluir el financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.

Planteó la necesidad de precisar que en el financiamiento al terrorismo es primordial identificar el destino del dinero, que puede provenir de bienes lícitos o ilícitos, lo que aumenta la complejidad para su detección, prevención y sanción, por lo que ubicar a las personas jurídicas como sujetas de consecuencias en el ámbito penal otorga una herramienta legal trascendental para su combate.

Por todo lo anterior, dijo, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y directos intervinientes en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo, que son las personas morales, quienes comúnmente inyectan los recursos para el ilícito en cuestión.

De este modo, a través de la inclusión del delito de financiamiento al terrorismo, y su encubrimiento, en el catálogo de las conductas delictivas por las que se les puede aplicar alguna sanción penal a las personas jurídicas que intervengan en su comisión, México podría lograr resultados más efectivos y eficaces en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia.

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