Fotos Bruno Cortés/Maya Comunicación

Diputados de distintos grupos parlamentarios cuestionaron a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, sobre el caso de presuntos desvíos de recursos, conocido como “la estafa maestra”, durante su gestión en la Administración Pública Federal, y el avance de la reconstrucción de viviendas, tras los sismos de septiembre de 2017.

La funcionaria fue interpelada por diputados sobre su polémica actuación al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al comparecer ante el Pleno, con motivo del análisis del sexto y último Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

La diputada Sandra Olvera Bautista (Morena) pidió a la funcionaria que expusiera las razones por las que “fue cómplice de corrupción en la presente administración”, principalmente en el caso de la llamada “estafa maestra” y exigió respuestas puntuales, así como castigo.

“¿En qué pensaba o qué hacía, señora secretaria, que siendo usted una mujer sagaz y preparada, dejó que miles de millones de pesos desaparecieran? Sí es cierto, las mujeres hemos recuperado espacios, pero usted no nos representa, está quedando como la mayor cómplice de este gobierno. Usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México”, acusó.

Robles Berlanga dijo que su trabajo la respalda, desde su trayectoria hasta las obras que se han realizado y como ejemplo, dijo, se ha atendido cabalmente a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. Asimismo, de las 260 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la reconstrucción de viviendas, se han resuelto 250.

La diputada Adriana Dávila Fernández (PAN) cuestionó la actuación de Robles Berlanga como titular de Sedesol y actualmente de Sedatu, pues “está cubierta por el manto del lucro electoral, el enriquecimiento ilícito, pero lamentablemente, muy lamentablemente,por la impunidad”.

“Esta es una de las comparecencias más esperadas, no sólo por la importancia de los programas que están a cargo de Sedatu, sino por el lamentable ejemplo que se da al país sobre la opacidad, la corrupción y el manejo de los recursos públicos. Pero no se preocupe, usted será la segunda beneficiada de la amnistía del próximo gobierno”, aseveró.

La secretaria sostuvo que “este gobierno sí puede ver a la gente a la cara, porque se ha preocupado por atender a los más olvidados y que se me investigue todo hasta por debajo de las piedras y si hay alguna responsabilidad, con prueba en mano, que se castigue, pues yo no necesito que nadie me dé una amnistía”.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) expresó que su bancada “rechaza categóricamente las expresiones dolosas y falsas en contra de la funcionaria y del gobierno federal” y exhortó a los legisladores a que, si tienen pruebas en contra de ésta, las presenten ante las autoridades.

Respecto a la reconstrucción de inmuebles tras los sismos de septiembre de 2017, convocó a los diputados a aceptar el reto de Robles Berlanga de realizar un recorrido y ver los avances de la misma; asimismo, preguntó a la funcionaria si se dispone de un plan de desarrollo urbano ante la eventual construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

Robles Berlanga respondió que existe un plan de ordenamiento territorial de la zona oriente de la Ciudad de México, para que 4.6 millones de ciudadanos puedan tener una mejor condición de vida y se pueda tener un desarrollo ordenado de esa región, con relación a la obra del NAIM.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PES) afirmó que “la falta de una estrategia nacional correcta de ordenamiento territorial, ha significado un severo deterioro en la calidad de vida de las y los mexicanos y en el medio ambiente”.

Ante ello, la legisladora solicitó a la titular de la Sedatu informar si existe una nueva estrategia nacional de ordenamiento territorial eficiente.

La funcionaria respondió que la creación de la Sedatu ha permitido sentar las bases de una nueva estrategia con una visión de largo plazo, a 20 años, de acuerdo a los objetivos que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece y que los propios acuerdos internacionales mandatan.

La diputada Lizeth Sánchez García (PT) afirmó que las cifras “alentadoras” de avances en materia de pobreza y rezago no van conforme a la realidad de las comunidades del país, por lo que cuestionó la actuación de Robles Berlanga en su paso por el sector público, pues, dijo, “en cada uno de los cargos por los que ha pasado, la ha perseguido una estela constante de corrupción”.

Dijo que, para su grupo parlamentario, las respuestas con números grises no son satisfactorias, por lo que aceptó ir a un recorrido para ver, en los hechos, el avance de la reconstrucción de viviendas tras los sismos y destacó que el uso indebido de los recursos públicos no se le puede llamar de otra forma, sino como “la gran traición a los y las mexicanas, como el gran pilar de la corrupción en el sexenio que termina”.

La titular de Sedatu aseguró que “bajo mi mandato, ni Sedesol ni Sedatu firmaron un solo contrato con ninguna empresa relacionada con desvíos de recursos” e insistió en que “los recursos se han ejercido precisamente para quienes menos tienen”.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) enfatizó que en la gestión de Robles Berlanga en Sedatu, y antes en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), “ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como una administración deficiente y permisiva de actos de corrupción”.

Por ello, solicitó a la funcionaria explicar por qué, a pesar de las observaciones realizadas por la ASF, cuando estaba al frente de Sedesol, permaneció con el mismo equipo de trabajo al encabezar la Sedatu, pues su Oficial Mayor cuenta con “sospechas de corrupción”.

Robles Berlanga respondió que “no hay una sola prueba que vincule a esas empresas (asociadas con desvíos de recursos) con alguno de los funcionarios de Sedatu o de Sedesol, y de haber alguna prueba seré la primera en pedir castigo y que se aplique la ley”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PRD) aseveró que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que el programa de Infraestructura de la Sedatu tiene duplicidad con múltiples programas de Sedesol, entre otras instancias.

Pidió a la funcionaria exponer las medidas que se tomaron para evitar esta duplicidad y cómo se ha resuelto el problema, con el objeto de hacer más eficiente el uso de los recursos púbicos.

La funcionaria invitó a los legisladores a realizar una gira conjunta a los distintas zonas donde se ha atendido a los damnificados por los sismos, pues aseguró que el 98 por ciento de las familias afectadas ha recibido sus tarjetas del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden) y que el censo se realizó con transparencia.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) consideró que para terminar con la pobreza en el país, se requiere de una administración impecable en el uso de los recursos públicos, por ello, cuestionó a la funcionaria sobre los contratos signados con diversas universidades, en el marco de la llamada “estafa maestra”

Requirió a la secretaria especificar el destino final de los 708 millones de pesos, supuestamente repartidos en efectivo a las empresas involucradas en los contratos antes mencionados, y por qué no se verificó que las empresas no fueran “fantasma”.

La funcionaria federal aseguró que los convenios establecidos por Sedesol y Sedatu son legales, ya que como instituciones les corresponde establecer convenios con las universidades, pero “no les compete investigarlas, porque son autónomas”, e insistió en que “no hay un solo contrato que se haya exhibido y que haya sido suscrito por Sedesol o Sedatu con las presuntas empresas fantasma”.

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