Diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuestionaron a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, sobre Odebrecht y sus filiales, y el “Paso Express”, y respecto a la transparencia de los programas gubernamentales.

 

En su comparecencia con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno, Gómez González aseguró que, al igual que en esos dos asuntos, en las sub y contrataciones entre entidades públicas y universidades y la reconstrucción tras los sismos de 2017, la SFP realizó investigaciones exhaustivas y emitió resoluciones sancionatorias a servidores públicos, tanto económicas como administrativas.

 

“Hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar el cargo de los funcionarios o el poder económico de las empresas. En total, en esta administración, se formularon más de 58 mil sanciones a 44 mil sancionados, y alcanzaron un monto de 7 mil 161 millones de pesos”, sostuvo.

 

Informó que al día de hoy se tienen 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, ocho resueltos con inhabilitaciones y multas económicas y tres de inhabilitación para la Constructora Norberto Odebrecht.

 

Además, una inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional; 2 inhabilitaciones y multa para representantes legales de la empresa brasileña, y dos contra funcionarios de Pemex, con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica.

 

“No podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso; al contrario, es el primer país que inhabilita a la empresa constructora, sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales es histórica, es la más alta impuesta por la dependencia”, aseguró.

 

Comentó, por otra parte, que el propósito de la SFP es asegurar que la transición del Poder Ejecutivo se realice de manera transparente, homogénea y oportuna. “Se han sentado las bases para un proceso de entrega-recepción organizado y sin precedentes, con el objetivo de dejar la casa en orden”.

 

Al iniciar los cuestionamientos, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, se interesó por el tema de Odebrecht y las acciones que lleva a cabo México en torno a los sobornos a funcionarios de Pemex. “¿Cuándo tendremos resultados contundentes de sanciones a la empresa y a los servidores públicos de Pemex involucrados?”.

 

La secretaria informó que en el cobro de multas por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cualquier recurso que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal, y cualquier adeudo que tenga se entregará directamente al SAT. “La SFP ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa en lo que es su responsabilidad”.

 

Explicó que la indagatoria se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos. Se agotó la verificación patrimonial, donde se iniciaron 16 carpetas, 10 siguen en trámite, cuatro se archivaron y dos se remitieron a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia penal ante Procuraduría General de la República.

 

Por el PRD, el diputado Héctor Serrano Cortes pidió conocer en detalle el proyecto para reformar la Ley de Profesionalización de la Administración Pública Federal, ya que se requiere tener los perfiles adecuados en cada área, lo que implica la profesionalización. Resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil para combatir la corrupción. Preguntó por qué las secretarías de Gobernación y de Educación Pública fueron las más auditadas.

 

La funcionaria explicó que en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción la SFP busca fortalecer el Servicio Profesional de Carrera, a través de una nueva ley, para racionalizar y hacer eficiente su instrumentación, costos y operación de sus procesos, así como reforzar los principios de integridad, legalidad, eficiencia, derechos humanos y merito, para que la estabilidad y permanencia sean derechos del desempeño.

 

La diputada Ana Priscila González García (MC) expresó su preocupación porque a menos de 60 días de cambiar la administración, el sello distintivo es la impunidad. “Tal es el caso del Estado de México; en 2017, detalló, la Auditoría Superior de la Federación detectó que no invirtió en el sector salud más de mil millones de pesos. Las observaciones son precisas: 886 millones de pesos, pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al Seguro Popular y a Prospera, están pendientes de aclaración, ya que las autoridades no tienen pruebas de haber autorizado dicho recurso en salud”.

 

La titular de la SFP aclaró que la dependencia a su cargo realiza de manera conjunta con los 32 órganos estatales de control, auditorías a recursos de fondos y programas federales transferidos a las entidades federativas, con la finalidad de vigilar su correcta aplicación.  Del 1 de septiembre al 4 de octubre, continuó, se realizaron 322 auditorías, se revisaron 27 fondos y programas federalizados. En el Estado de México, en las auditorías del 2008 al 2018, se determinaron 695 observaciones; al 15 de octubre de este año, se han solventado 391 y quedan pendientes 304; ya se han reintegrado fondos a la Tesorería de la Federación. Los programas con mayor monto observado, son programas regionales, fondos de educación media, agua potable, desarrollo regional y fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud, pero “nosotros no podemos sancionar a servidores públicos locales”.

 

A nombre del PT,  el diputado Alfredo Porras Domínguez destacó que la corrupción es favorecida por políticos y legisladores, y es auspiciada por empresas privadas, generándose un círculo de complicidades. “Van de la mano obras y compras a precio alzado, no realizadas, nóminas y compras fantasmas”. Además, agregó, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es “una madeja muy enredosa”, porque involucra a muchos entes y esa puede ser una causa de que no se combata ese flagelo, “debido a que los servidores encubren a los gobiernos que los promueven”.

 

La funcionaria federal comentó que el SNA no está completo, pero no se ha dejado de actuar. Falta la asignación, por parte del Senado, del Fiscal General, 18 magistrados, 15 regionales y tres de Sala Superior en materia de Responsabilidades Administrativas. Dijo estar segura de que en este periodo ordinario de sesiones se designen. Recordó que las propuestas se enviaron en dos ocasiones.

 

Informó que se auditan fondos y programas federalizados, por lo que en coordinación con los órganos de control estatales se han iniciado ocho mil 919 procedimientos de responsabilidad administrativa a entidades federativas, y se ha reintegrado a la Federación ocho mil 826 millones de pesos.

 

A nombre del PES, el legislador Jorge Arturo Argüelles Victorero preguntó qué acciones tomará la SFP para atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para abrir nuevas investigaciones y deslindar responsabilidades administrativas a servidores públicos de varias dependencias de Morelos, involucradas en la construcción del Paso Express. Al prevalecer falta de transparencia, rendición de cuentas, reticencia y opacidad, consideró que debe hacerse una investigación integral que exponga todos los hechos ocurridos  en el socavón.

 

Gómez González aclaró que la recomendación de la CNDH no fue dirigida a la SFP. No obstante, se analizarán a fondo sus planteamientos en mesas de trabajo, y si los resultados aportan indicios que sean competencia de la secretaría, “estaríamos tomando acciones de manera inmediata, ya que estamos abiertos a que se presenten nuevos elementos. Siempre la SFP está abierta a iniciar cualquier investigación con enfoques desconocidos y novedosos”. Afirmó que se hizo una pesquisa sólida e integral, en donde intervinieron áreas sustantivas.

 

Del PRI, la legisladora  Ximena Puente de la Mora preguntó por las acciones  que va a realizar la SFP para que se entreguen apoyos a la población, a través de los programas gubernamentales, y las medidas de  transparencia. Resaltó la operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales para homologar los datos de los beneficiarios y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.

 

De la misma bancada, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez reconoció que “deja usted ordenada la casa” y sus esfuerzos para crear el SNA. También por presentar en dos ocasiones la propuesta para designar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estimó que “hace falta cerrar la pinza para tener un SNA estatal y municipal en México,  para atacar la corrupción que lacera a toda la sociedad”.

 

Arely Gómez señaló que la SFP fortalece el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales para tener un esquema  que administre y opere el número de beneficiarios, con la obligación de apoyar a todas las dependencias y evitar duplicidades. De septiembre de 2017 al 15 de octubre de este año se integraron los padrones de 206 programas de diferentes sectores, a fin de atender las necesidades de la población.

 

La diputada del PAN,  Martha Elisa González Estrada, inquirió: “¿qué saldo deja esta administración con el caso Odebrecht y las sanciones a servidores públicos involucrados? ¿Cuántos de ellos, con cargos de dirección general hacia arriba, han sido sujetos a proceso y pisado al cárcel por corrupción? Refirió que en la página electrónica de la dependencia hay más de un millón de reportes de castigos administrativos e inhabilitación a funcionarios. Es una cifra importante que deja ver el tamaño del problema; sin embargo, esos datos no se dieron a conocer a los ciudadanos, indicó.

 

Gómez González refirió que la investigación iniciada desde el 22 de diciembre de 2016 a Odebrecht, fue un proceso en el que comparecieron 23 servidores públicos. “Al día de hoy, tenemos iniciados 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, resolviéndose a la fecha ocho, con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas, que son las más altas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública”.

 

Por Morena, la legisladora Aleida Alavez Ruiz sostuvo que la SFP no aclara el caso Odebrecht y las sanciones son mínimas, como la inhabilitación y multas. Cuestionó: ¿qué investigaciones ha realizado la SFP en uno de los casos más emblemáticos de los 12 años, el del Túnel Emisor Oriente? En 2008, se previó una inversión de mil nueve mil 500 millones de pesos, y a la fecha han destinado más de 40 mil millones.

 

¿Cómo ha intervenido la dependencia para que Pemex dé a conocer las actas de cuatro sesiones del Consejo de Administración, de Gas y Petroquímica Básica, relacionados con el proyecto Etileno 21? ¿Cómo se definen las sanciones? Añadió 22 preguntas, para que la funcionaria las conteste por escrito.

 

De la misma bancada, la diputada Inés Parra Juárez preguntó: ¿por qué no se sancionó a Rosario Robles en Sedesol? Sobre las universidades, solicitó lista detallada de cuántas son, así como de los rectores y funcionarios involucrados. Pidió la lista de 10 servidores públicos sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa y de otros 40 servidores federales sujetos a investigación; además, solicitó la relación de funcionarios sancionados y absueltos.

 

La titular de la SFP explicó que las sanciones se definen en función del daño patrimonial que se causa, para el caso Odebrecht se hicieron dictámenes contables minuciosos e investigación de más de un año. “No nada más son 2.5 millones de pesos, se aplicaron dos de 543 millones de pesos, otra de 1.25 millones y a un servidor público de Pemex por 2.5 y 119 millones, no es una simple cifra, la ley establece mínimos y máximos”.

 

En su intervención inicial, indicó que con el propósito de lograr una gestión pública transparente, la SFP ha realizado más 15 mil 360 auditorías a dependencias de la Administración Pública Federal, promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y rescató un monto de 19 mil 549 millones de pesos.

 

Adicionalmente, en coordinación con contralorías estatales, se practicaron mil 687 fiscalizaciones, para verificar la correcta aplicación de recursos de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

 

En otro tema, Gómez González manifestó la necesidad de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues aunque existen innovaciones, hay limitaciones a las que la SFP ha estado sometida, como la omisión del trámite que se debe dar a investigaciones anteriores a la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal; por ello, la funcionaria entregó un anteproyecto realizado en la SFP, en el que atiende las inconsistencias, las lagunas y áreas de oportunidad de la norma.

 

Las faltas en esa ley, dijo, “han traído graves problemas con la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa que, en mayoría de veces, se ha declarado incompetente”.

 

Comentó que el Estado mexicano ha sido el único que ha sancionado administrativamente a la empresa Odebrecht. “No habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función Pública en materia administrativa; las inhabilitaciones y sanciones económicas son compatibles a través de medios judiciales, y hay que seguir combatiéndolo en tribunales”.

 

“Seguimos integrando -aparte de lo que les he comentado, pero por reserva de la información no lo puedo hacer público-irregularidades administrativas, distintas al cohecho y al soborno, las cuales una de ellas ya se dio en agosto el procedimiento administrativo sancionador”.

 

Dijo que espera “tener algún resultado” antes de que acabe la actual administración federal, ya que, de conformidad con las facultades de la dependencia, es la encargada de investigar y, en su caso, sancionar a las empresas filiales de Pemex y a sus servidores por conductas irregulares, exclusivamente administrativas.

 

También, explicó, se ha atendido el 57 por ciento de 180 recomendaciones, efectuadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas. Destacó también la creación de 305 comités de ética y de prevención de conflictos de interés en entidades de la Administración Pública.

 

Respecto al SNA, indicó que la ASF planteó siete propuestas para la construcción de la política nacional anticorrupción. Además, en trabajo conjunto de sociedad civil, gobierno, cámaras empresariales y la OCDE, se elaboró un diagnóstico de mejora para la plataforma Compranet.

 

También se colaboró con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco Mundial, para lanzar la plataforma de contrataciones abiertas. Otro esfuerzo, comentó, es la digitalización de servicios, donde destacan los trámites de acta de nacimiento y cédula profesional en línea.

 

Afirmó que la rendición de cuentas es un ejercicio indispensable para fortalecer el Estado democrático, y un eje principal de la SFP es, a través del control interno y la auditoría, garantizar que los recursos públicos se ejerzan de manera eficiente y oportuna, así como alcanzar objetivos institucionales y prevenir desvíos.

 

Apuntó que la SFP impulsó diversas acciones para optimizar órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del estado. Un ejemplo, detalló, fue que se detectó que había 175 de 211 órganos que no cumplían con la separación de autoridades resolutorias e investigadoras, como lo exige la ley.

 

Finalmente, especificó que se publicaron 83 lineamientos de auditoría para la revisión de fondos y programas federalizados. En marzo pasado, se pusieron en marcha tres laboratorios móviles de verificación de calidad de materiales de obras públicas; uno de ellos, desplegado en donde se realiza Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

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