Tolerar la corrupción atenta contra naturaleza de jueces: SCJN

CDMX a 16 de Diciembre de 2017.- Si la corrupción es lastre absolutamente pernicioso en cualquier ámbito, es aún más nocivo en el ejercicio de la función pública y es imperdonable si se da en el ámbito de la impartición de justicia, enfatizó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

Al rendir su Tercer Informe de Labores, el ministro presidente señaló que la corrupción rompe la independencia del juez y con ello destruye la esencia misma del juzgador.

“Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución, que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”, dijo Aguilar Morales y aseveró: “Los jueces obtenemos nuestra legitimación, no del voto público, sino de nuestra actuación recta cotidiana y diaria en la resolución de sentencias de manera independiente”.

Ante el Ejecutivo federal y representantes del Congreso de la Unión, el Ministro Presidente remarcó que la importancia del trabajo de los jueces y magistrados es fundamental para la vida democrática y para la consolidación del estado de derecho, y por ello deben desempeñar su trabajo con integridad.

En consecuencia, aseveró, debe castigarse toda conducta que sea contraria a los valores a los que deben sujetarse los impartidores de justicia, así como todo servidor público del Poder Judicial de la Federación.

A manera de ejemplo de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación, Aguilar Morales refirió que durante este año se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias que, acumuladas a las 94 existentes, sumaron 384.

Como resultado, se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

Detalló que la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales siete son Magistrados de Circuito; 14, Jueces de Distrito; y 55, personal subalterno.

Las sanciones impuestas a los titulares, dijo, van desde apercibimientos privados y amonestaciones, hasta suspensión en siete casos, y una destitución de un Juez de Distrito; en el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes.

Advirtió que en el Consejo de la Judicatura Federal no se tolera conducta alguna que sea contraria a ley y se toman las medidas necesarias para combatirlas.

Y parafraseó a la Organización de las Naciones Unidas: “Los impartidores de justicia que tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo, están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo”.

Además del tema de la corrupción, el Informe del Ministro Presidente abordó los de seguridad pública, derechos humanos, libertad de expresión e hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su vocación de respetar y hacer respetar la Constitución Federal.

Destacó que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país.

Los juzgadores, abundó, cumplen juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, “labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedecer es la ley”.

Mencionó que en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, siempre bajo el mandato de la Constitución, lo que bajo ningún concepto puede ser usado como pretexto para olvidar el respeto de los derechos reconocidos a favor de quien se le imputa un delito o a quien lo sufre, como es la víctima.

Tras señalar que los jueces son protectores, en primer lugar, de los derechos de todos, “sin adjetivos ni de los delincuentes ni de las víctimas”, Aguilar Morales dijo que el objetivo final de un juez es la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se le ha demostrado su culpabilidad, mediante el proceso legal correspondiente, no antes.

El sistema acusatorio, abundó el Ministro Presidente, no es un sistema de prisiones o libertades, sino de protección de derechos fundamentales.

“A la justicia federal, los jueces federales tenemos el compromiso ineludible de cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México”, expresó.

En materia de derechos humanos recalcó que todo procedimiento de investigación, aun aquellos de responsabilidad, tienen el ineludible compromiso de respetar el principio de inocencia, y no será sino hasta que se haya seguido el debido proceso legal, que el órgano correspondiente determinará que existió responsabilidad administrativa e impondrá la sanción legal correspondiente.

“Por ello, formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público.

“Práctica que no sólo debe desterrarse, sino, esa sí, sancionarse, cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone, de manera absolutamente injustificada, a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal”.

Con convicción y compromiso, aseguró, los ministros incorporan en sus resoluciones la visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, las personas mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género; tomando en cuenta siempre el papel que juegan las víctimas en los procedimientos judiciales, a efecto de hacer posible su protección legal.

Al referirse al apoyo que la Suprema Corte otorgó a los damnificados por los sismos de septiembre pasado, Aguilar Morales indicó que tras situaciones de desastre, la protección de los derechos humanos adquiere aún mayor relieve y resulta imperativo salvaguardar la dignidad de las personas afectadas.

Por tanto, agregó, en situaciones de desastre, cada acción que se emprenda en materia de preparación, respuesta, rescate y recuperación, debe llevarse a cabo teniendo como eje medular la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.

Resaltó que uno de los retos más importantes del Estado Democrático de Derecho es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictan los jueces; de lo contrario, “estamos hablando de una ficción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de nuestro país; así,una sentencia no tendría el valor ni del papel en que está escrita”.

No hay sentencias mejores o peores, dijo Aguilar Morales, ni casos más importantes que otros, todos los asuntos que se resuelven en los Tribunales mexicanos merecen la misma importancia y todos deben ser cumplidos con igual prontitud y eficacia, especialmente cuando el cumplimiento de esas sentencias corresponde a una autoridad.

Por eso, añadió, la Constitución mexicana obliga a la Suprema Corte a sancionar con gran rigor a aquellos funcionarios que no cumplen las sentencias del Juicio de Amparo, donde el juzgador es la autoridad.

Además, expresó que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación. La violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, enfatizó Aguilar Morales, es una verdadera pandemia.

“Debemos asegurar que todos los casos de violencia contra la mujer sean efectivamente investigados y que los responsables sean enjuiciados sin impunidad; la impunidad es la que favorece la continuación y aumento de los delitos, prácticamente la alienta, pues si no pasa nada, se sigue haciendo, así de fácil”, dijo.

 

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