Suprema Corte de Justicia niega amparo contra diversos impuestos

CDMX a 30 de Marzo de 2017.- La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar el amparo promovido contra los artículos 43 del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 103 del Impuesto sobre la Renta (ISR), y diversos de la Ley General de Hacienda del estado de Yucatán.

Éstos últimos relativos al impuesto cedular sobre los ingresos percibidos por las personas físicas por sus actividades empresariales y por la enajenación de inmuebles.

En sesión, los ministros de la Primera Sala resolvieron diversos amparos en revisión (841, 844, 31 y 13, todos de 2015), presentados por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

La Primera Sala declaró que el artículo 43 de la Ley del IVA no viola el principio de equidad tributaria, pues existen motivos razonables y objetivos para que se estableciera la facultad potestativa de las entidades federativas para gravar sólo a las personas físicas y no a las personas morales.

Ello, como abatir la informalidad, otorgar a las entidades federativas la administración de la recaudación de las personas físicas y dotarlas de otras fuentes de ingresos que pudieran ejercer directamente, a fin de fortalecer el federalismo fiscal.

Respecto a la Ley General de Hacienda de Yucatán, determinó que no existe violación al principio de equidad tributaria por el hecho de que el legislador local hubiera integrado a su legislación tributaria el impuesto cedular y otros estados no.

Lo anterior, porque es potestativo de cada estado crear esa contribución, ya que el artículo 43 de la Ley del IVA no estableció un deber imperativo de hacerlo y por ello es decisión de cada legislatura local establecerlo, lo que por sí mismo no provoca inequidad en relación con los habitantes de las entidades en las que ya se hayan previsto contribuciones de ese tipo.

Además, determinó que el ejercicio de tal potestad no implica un trato diferenciado a las personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales, en relación con las demás personas físicas de Yucatán que también tienen ingresos.

Estos últimos como son los que desarrollan actividades profesionales, porque la fuente de ingresos es diversa y la elección de la legislatura local de gravar los obtenidos por actividades empresariales se encuentra comprendida en el amplio margen de configuración legislativa.

Por otra parte, resolvió que no se viola el principio de proporcionalidad tributaria al establecer un impuesto cedular que grava el mismo objeto que la Ley del ISR.

Ello, porque la doble tributación no está prohibida constitucionalmente y en el caso, las quejosas no demostraron con las pruebas idóneas que la repercusión que el ISR tiene sobre el particular, sumado al impuesto cedular, resulte ruinosa o gravosa al grado que se agote la fuente de los ingresos.

Por último, la Corte consideró que tratándose del Impuesto Cedular por Ingresos obtenidos por la enajenación de inmuebles, el legislador local cumplió los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley del IVA, en cuanto a que el impuesto se deberá aplicar sobre la ganancia por la enajenación.

Además, esa base deberá considerar los mismos ingresos y las mismas deducciones que establece la Ley del ISR de carácter federal, para los ingresos similares a los contemplados en los impuestos cedulares, sin incluir el impuesto cedular local.

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