30/10/2020

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GPPT busca eliminar barreras en los juicios de amparo

Ciudad de México, miércoles 15 de abril de 2020.-  Con el fin de garantizar el acceso a toda la población a los juicios de amparo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso modificaciones al Artículo 107 Constitucional, particularmente cuando se trate de violaciones a los Derechos Humanos.

Ciudad de México, miércoles 15 de abril de 2020.-  Con el fin de garantizar el acceso a toda la población a los juicios de amparo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso modificaciones al Artículo 107 Constitucional, particularmente cuando se trate de violaciones a los Derechos Humanos.

En una iniciativa inscrita en la Gaceta del Senado, la fracción parlamentaria liderada por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, pretende eliminar barreras discriminatorias que impiden la ejecución de los juicios de amparo.

El documento señala que actualmente, este instrumento jurídico es utilizado por las personas con mayores capacidades económicas, mientras se excluye de su ejercicio a grandes sectores de la población.

“Como lo señaló la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, el juicio de amparo debe reformarse, ya que se excluye a grandes sectores de la población, debido a un procedimiento muy técnico, burocrático, especializado y costoso”, explica la legisladora por Zacatecas.

En este sentido, se propone que los juicios de amparo se rijan bajo los principios de accesibilidad e inclusión, además, que sean expeditos, es decir, de fácil acceso y trámite para la población en general.

La iniciativa va encaminada a facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus equivalentes en cada estado de la República para que puedan tramitar el juicio de amparo en representación de la víctima.

En el mismo sentido, el documento detalla que el Estado deberá garantizar el seguimiento de los juicios de amparo hasta que se emita la sentencia.

En caso de que dicho juicio sea por violaciones graves a los derechos humanos, Geovanna Bañuelos propone que el plazo para emitir una resolución no supere los 10 días.

Por último, la iniciativa busca que las sentencias sean concisas y comprensibles para toda la población.

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