El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó hoy al Tribunal Superior de Justicia (STJ) que analice la petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para paralizar el llamado caso Guarujá.

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2020.- El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó hoy al Tribunal Superior de Justicia (STJ) que analice la petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para paralizar el llamado caso Guarujá.

 

El año pasado, el STJ sentenció al fundador del Partido de los Trabajadores a ocho años, 10 meses y 20 días por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.

La defensa de Lula impugnó en el Supremo el hecho de que el juez Félix Fischer, del STJ, rechazó en una determinación individual un recurso para suspender el proceso hasta que la máxima corte juzgue las peticiones de los abogados del exdirigente obrero.

El equipo jurídico del exgobernante quiere que las apelaciones solo sean reexaminadas después que el Supremo analice si el cuestionado exjuez Sérgio Moro, responsable de la sanción en primera instancia, y los miembros de la operación Lava Jato fueron parciales en la conducción del caso.

Según los juristas, como la condena puede ser revocada cuando el segundo panel de la corte suprema analice la actuación de Moro y de los fiscales en el caso Guarujá, el proceso debe ser detenido.

Fachin rechazó la petición de la defensa de Lula contra la decisión de Fischer, pero concedió un recurso de hábeas corpus al determinar que el caso sea llevado al STJ, que juzga los expedientes de la Lava Jato.

Al exmandatario se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.

Los fiscales indican que el exjefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con Petrobras.

Desde el comienzo del proceso, aún en primera instancia, Lula reafirma su inocencia y la defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).

Tomado de Prensa Latina