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GPPAN vota a favor de expedición de Ley de Desaparición Forzada de Personas

CDMX a 13 de Octubre de 2017.- La Cámara de Diputados, con el respaldo de los Diputados Federales del Partido Acción Nacional, aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Al dar el posicionamiento en nombre del GPPAN, la diputada Lorena Alfaro García sostuvo que con la emisión de este ordenamiento, el Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social.

“El Grupo Parlamentario del PAN entrega esta ley y exhorta a todas las autoridades a su aplicación irrestricta. Al hacerlo queremos rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han perdido la vida y a sus familiares que viven en permanente angustia. Para todos ustedes nuestra solidaridad y nuestro apoyo”, puntualizó.

Explicó que entre las disposiciones que ésta contempla, está la homologación del delito de desaparición forzada, de acuerdo a instrumentos internacionales. Así, esta ley general que habrá de regir en todo el país tiene como objeto prevenir y combatir una de las conductas que mayor lesión generan a los mexicanos.

Recordó que el país tuvo un periodo ominoso conocido como el de la Guerra Sucia, en el que algunos elementos del Estado participaron en la desaparición de líderes sociales y activistas. Se trata de un episodio del pasado con afrentas graves, algunas de ellas se han llevado a la justicia  internacional como es el caso de Rosendo Radilla Pacheco.

Aunque México ha cumplido con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, recientemente hemos sido testigos de terribles actos y los que se conjuga el poder político con el crimen organizado, resultando en la desaparición de personas, eventos que aún espera que se haga justicia.

Por ello, “el GPPAN reitera enérgicamente su exigencia de que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa se lleve hasta las últimas consecuencias. No hay ley que valga, ni palabras que devuelvan a muchísimas familias la paz ante la tragedia de que son víctimas”, señaló la Diputada por Guanajuato.

Hoy, dijo, quiero reconocer desde esta alta tribuna, la participación activa y comprometida de diversas organizaciones sociales, muchas de ellas en las que participan familiares de víctimas que han sido desaparecidas a lo largo de estos dos años han estado trabajando en el análisis de esta ley con el único interés de que esta llegara a buen puerto.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, recordó un doloroso caso familiar, al referirse a la desaparición de Carlos Castillo Bolio, que  desapareció el 14 de agosto de 2012 y de quien hasta el momento no se sabe nada.

Detalló que el joven de 33 años de edad logró enviar dos mensajes para avisar que había sido detenido por la policía y  a partir de ahí, empezó el peregrinar de la familia, ya que tanto autoridades estatales y federales se han declarado incompetentes para resolver el caso.

“Con el corazón en la mano les digo que no solo destruyeron la vida de Carlos, sino la de toda su familia, que hasta el día de hoy no han descansado en su búsqueda”, señaló.

Desde tribuna, la legisladora por el estado de Yucatán exigió “¡justicia para Carlos y todos aquellos que desconocemos nombres y apellidos!”.

En Acción Nacional, agregó, se tiene un compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos, por ello apoyaron el dictamen en materia de desaparición forzada.

Bolio Pinelo detalló que con estas nuevas leyes habrá organización y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para encontrar a personas reportadas como desaparecidas,  pero además  se establecen los tipos penales de conductas y se define de manera más clara el tipo de delitos vinculados a este flagelo.

“Se establece mediante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la implementación de las políticas y hacer partícipes a las familias de los desaparecidos en el monitoreo de acciones y búsquedas de los ausentes”, concluyó.

La minuta fue turnada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

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